Aproximación al urbanismo 1936-1962
Introducción
Inmediatamente después de terminarse la guerra civil española se hizo de la vivienda un argumento político como consecuencia del apoyo ideológico a la familia, receptáculo de las esencias espirituales y conservadoras del hombre. Era frecuente en los discursos políticos de aquel entonces hacer alguna referencia al hogar, además naturalmente de aquellos en que se trataban específicamente de la vivienda social.
Posteriormente y hasta 1961 se construyeron gran cantidad de viviendas, importando más su número que su calidad, pero con una serie de objetivos teóricos que podemos resumir en los siguientes: actuación en las periferias, coordinación con el transporte, cooperativismo, municipalismo, arquitectura alternativa a la llamada ciudad burguesa a través de un progresiva racionalización de tipos de habitación y de su proceso de producción, planeamiento físico como instrumento de planificación de control, intervención coordinada del poder de la Administración con los intereses de un sector distinto del capital.
Creacion del Instituto Nacional de la Vivienda y regímen de Viviendas Protegidas
En 1939 se creo el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.) con la misión de fomentar la construcción de viviendas y asegurar su aprovechamiento. De las atribuciones de dicho organismo destacamos las siguientes:
- Dictar ordenanzas de construcción de viviendas protegidas.
- Formular planes generales de construcción.
- Distribución y reparto de los beneficios económicos directos.
- Fijar el valor en venta de alquileres de las viviendas.
- Aprobar y calificar los proyectos de construcción de las viviendas protegidas.
- Intervenir y concertar los préstamos a conceder por las entidades de crédito.
- Ejercer la inspección de proyectos aprobados.
- Vigilar el cumplimiento, aprovechamiento y conservación de las viviendas.
- Imponer sanciones.
- Proponer las reformas legales en materia de viviendas protegidas.
Se le reconoce al I.N.V. personalidad jurídica propia y autónoma para administrar su patrimonio aunque posteriormente pasó a depender de la Organización Sindical, posteriormente al Ministerio de Trabajo y más tarde del Ministerio de la Vivienda cuando se creo en 1957.
Junto a la creación del I.N.V., se inauguró el régimen Viviendas Protegidas. En el preámbulo de la Ley que crea el I.N.V. se dice: "El nuevo Estado va a dar facilidades para que determinadas entidades, aquellas que puedan concentrar más esfuerzos y estén más interesadas en la solución de este problema (Corporaciones provinciales y locales, Sindicatos, Organizaciones del Movimiento), puedan encontrar el capital preciso para acometer en gran escala la construcción de viviendas protegidas; orientarán esta construcción con una visión unitaria de las necesidades nacionales por planes comarcales, dentro de un plan de conjunto a cuya elaboración colaborarán todas ellas, sin olvidar que el problema de la vivienda no se resuelve con la construcción de la casa, sino que se necesitan los servicios complementarios y las comunicaciones precisas que son fundamentales para la vida de los que hayan de habitarlas".
Se definió la "Vivienda Protegida" como aquella que siendo de renta reducida y estando incluida en los planes generales formulados por el I.N.V. fuesen construidas con arreglo a proyectos que hubiesen sido redactados u oficialmente aprobados por éste, por reunir las condiciones higiénicas, técnicas y económicas determinadas con las ordenanzas comarcales que se dictasen al efecto. Es decir, se evidencia el sentido perfeccionista de la Ley, al tener que estar las viviendas incluidas previamente en los planes generales del I.N.V. Las condiciones para ser beneficiario de las viviendas protegidas eran: ser español, mayor de edad, dedicarse a un oficio, empleo o profesión liberal, o ser pensionista del Estado. Esto no cabe duda planteó problemas de acceso a la población recientemente inmigrada que, lógicamente, antes que trabajo buscaba una vivienda. Los beneficios económicos de las viviendas protegidas eran de dos tipos: directos, anticipos sin interés y primas a la construcción; e indirectos, bonificaciones fiscales y tributarias y de expropiación forzosa, contratos y negocios jurídicos relativos a la adquisición de los terrenos en arrendamiento o cesión, construcción, contratos de préstamo y anticipo, emisión de obligaciones, herencias y legados. Gozaban de esta reducción también las contribuciones, impuestos o arbitrios del Estado, provincia o municipio. La duración de éste régimen se extendía a 20 años a partir de la calificación definitiva del I.N.V. Las viviendas protegidas se podían adquirir en venta o alquiler. La actividad estatal en el sector de la vivienda se rige por la Ley de Viviendas Protegidas hasta 1954 en que se promulgan las disposiciones creadoras de las Viviendas de Renta Limitada.
Plan Nacional de la Vivienda
Se programó el primer plan de viviendas -todavía no llamado nacional- para el decenio 1944-1954. De la cifra total el I.N.V. sólo podría proteger el 25%; sin embargo, las cifras reales de viviendas construidas en éste periodo fueron bastante más bajas.
VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1944-1954
Viviendas protegidas
Viviendas bonificables
Viviendas libres
TOTAL
71.948
81.879
161.438
314.265
No se alcanzó más que la mitad de la cifra total deseada. Podemos señalar como causas determinantes:
- Falta de la debida colaboración en ésta época de la iniciativa privada.
- Dificultades de financiación tanto por falta de capital privado inversor como falta de créditos oficiales suficientes.
- Carácter fragmentario de la industria de la construcción.
- Falta de técnicas constructivas avanzadas y racionalización de las mismas.
- Escaso poder adquisitivo de la demanda, más inclinado a las viviendas en alquiler que en compra.
- Falta de suelo urbanizado y precios asequibles del mismo.
- Estructura económica deficiente de los sectores básicos del país.
Viviendas bonificables
En 1944 se promulgó la disposición relativa a viviendas bonificables. Dicha Ley tenía por objeto la construcción de viviendas para la clase media e impulsar la construcción entre la iniciativa privada para intentar paliar el problema del paro que entonces empezaba a tener caracteres graves por la fuerte inmigración de mano de obra no cualificada procedente del campo. Se pretendía estimular tanto la construcción de viviendas nuevas como las existentes. Se fijaron los máximos de renta mensual en 500 pesetas para las superficies comprendidas entre 110 a 150 m2 y 200 pesetas para las menores de 60 m2. No se exigía ningún requisito esencial para ser beneficiario. Los beneficiarios eran también de tipo directo e indirecto. Entre los primeros estaban los préstamos y primas a fondo perdido y subvenciones, y entre los segundos los beneficios tributarios, de expropiación forzosa y de preferencia para la adquisición de materiales que por aquel entonces escaseaban. Había dos tipos de calificaciones: provisional, cuando se aprobaba el proyecto, y definitiva, cuando se terminaba la construcción. Las calificaciones estaban a cargo de la Junta Nacional del Paro, previo informe del I.N.V.. La duración del régimen de viviendas bonificables se extendía a 20 años a partir de su aprobación definitiva.
El destino de estas viviendas era en régimen de arrendamiento, aunque podían ser objeto de uso propio o venta. Teóricamente se apoyaba el sistema de renta desde el momento en que si en la solicitud inicial no se explicaba el deseo de venta, se renunciaba a este derecho. Sin embargo, el resultado fue la venta de viviendas a una clase de economía desahogada, que permitió obtener buenas ganancias a promotores que se beneficiaban de subvenciones y préstamos a largo plazo. Son ejemplos de viviendas bonificables el barrio del Niño Jesús y Mirasierra para clase media alta y el Barrio de la Estrella y Concepción para clase Media.
Realizaciones en los años 40
La reconstrucción de la ciudad tras el final de la guerra civil marcó la tónica de los años cuarenta en Madrid. En un ambiente de penuria y escasez en el que las colas, las cartillas de racionamiento, y el estraperlo eran las características dominantes del ambiente de la ciudad. Entre las clases menos pudientes la desnutrición, la lucha por la vida, y el sobrevivir en un ambiente inhospito era el horizonte cotidiano. Todo ello dentro de un ambiente de paz social fundamentado en el desmantelamiento del movimiento obrero, la represión, el miedo, y la sensación de derrota. Otra parte de la población madrileña se benefició de los presupuestos del nuevo régimen, eran los que se abscribían en las filas de los vencedores, que vieron recobrados y exaltados los valores tradicionales conservadores, y soportaron de mejor grado las penurias de la posguerra, mediante sus vinculaciones con las nuevas autoridades de la dictadura. Entre ellos destacaron los protagonistas del negocio fácil, la especulación y la rápida acumulación.
La Junta de Reconstrucción de Madrid se dedicó al problema de la vivienda, que era el más urgente debido a las destrucciones que se habían producido. Se adaptaron los barrios de la carretera de Extremadura, Puente de Toledo, Usera, la estación del Norte y Entrevías, y los pueblos de Las Rozas, Majadahonda, Aravaca, Pozuelo, Carabanchel Bajo y Villaverde.
Los organismos dedicados a la construcción de viviendas eran: la Jefatura Provincial de F.E.T. (barrio provisional de Comillas), Regiones Devastadas (barrio del Tercio en Carabanchel) y Ayuntamiento. La Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores se encargó de urbanizar terrenos para que pudieran construir otros organismos. Su actividad se localizó sobre los barrios que espontáneamente habían surgido a principios de siglo al exterior del Paseo de Ronda del Ensanche de 1860. La Comisaría actuaba de tres formas: redactaba el proyecto y ejecutaba directamente el plan de urbanización; redactaba el plan y era la iniciativa privada quien ejecutaba la urbanización o la urbanización privada realizaba las dos tareas bajo la supervisión de la Comisaría.
Con el primer procedimiento la Comisaría expropiaba los terrenos, construía la infraestructura y los servicios, y los convertía en solares que adjudicaba a entidades constructoras mediante subasta, con lo que se recuperaba el dinero invertido más un beneficio que incrementaba el presupuesto anual de 25 millones. Con este sistema se construyeron: La Ventilla, Quintana-Pueblo Nuevo, Canillejas y polígono de Santamarca.
El segundo sistema se utilizó para el ensanche de la Avenida del Generalísimo (Paseo de la Castellana), donde se emplazaba a los propietarios a asociarse, urbanizar y edificar. Si éstos no realizaban las tres operaciones se les expropiaba para cederlo a la iniciativa privada con un plazo de edificación. Por otra parte el ensanche se hizo con el sistema directo destinado a edificación residencial en línea.
En 1948 se proyectó el sector de la prolongación de General Mola (Príncipe de Vergara), en la zona donde se encontraban numerosas colonias de viviendas unifamiliares, aún hoy existentes en parte (Cooperativa de la Ciudad Jardín, colonia Primo de Rivera, Cruz del Rayo. Etc.). el suburbio de la Prosperidad y los bloques Tarré. Otras actuaciones de la Comisaría fueron el sector de la Prosperidad, limitado por López de Hoyos, Abroñigal, autopista de Barajas y calle Cartagena, y el barrio de la Estrella, donde actuó el único propietario existente, la empresa Urbis, S.A., bajo el tercer procedimiento era la empresa la que proyecta y urbaniza, para ser supervisado después por la Comisaría. En el barrio del Niño Jesús, de la misma empresa, únicamente se siguieron las directrices de la Comisaría.
La Comisaría heredó de la Junta de Reconstrucción de Madrid la zona de la carretera de Extremadura, que se encontraba entre las tapias de la Casa de Campo (que habían sido desplazadas para hacer la carretera de Extremadura) y el ferrocarril de Villa del Prado, donde después se construyeron bloques abiertos de cinco y diez alturas.
El organismo autónomo del Ministerio de Obras Públicas, Canalización del Manzanares, habilitó suelo urbano en esta zona que se pretendía ennoblecer. Se crearon zonas verdes y viviendas para la clase media. Esta últimas supusieron un 44 por 100 del suelo total ocupado para diversos usos.
La industria, que se encontraba dispersa en Madrid, aunque predominaba en Delicias y Tetuán (pequeña industria), se trató de agrupar en zonas especiales y urbanizadas a tal fin. Así la Comisaría actuó en Canillejas y Vallecas, y Regiones Devastadas solucionó el abastecimiento de agua, en el polígono de Villaverde, donde el I.N.I. situó la industria pesada.
Los organismos oficiales que promovieron viviendas en la década de los 40 fueron:
- Obra Sindical del Hogar, bajo el régimen de viviendas protegidas. Las más importantes actuaciones fueron: Virgen del Pilar, en el arranque de la autopista de Barajas, Nuestra Señora del Buen Suceso en Cea Bermúdez y San José Obrero en Carabanchel Alto.
- Ayuntamiento. Reconstruyó primero las colonias Moscardó y Cerro Bermejo. En 1943 municipalizó el servicio de las Casas Baratas y en 1944 se creo el Patronato Municipal de la Vivienda con el fin de construir viviendas a clases modestas. Regiones Devastadas actuaba como empresa constructora. Se construyeron así en la carretera de Extremadura los barrios de Molino de Viento y Paseo de los Olivos y se ampliaron las colonias Moscardó y Cerro Bermejo. En colaboración con el Patronato se construyó el poblado de San Cristóbal de la E.M.T.
- Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores. Aunque su fin no era promover viviendas, lo hizo para los expropiados de otras zonas, y así se construyó la colonia de la zona de Generalísimo, la Ventilla, Pueblo Nuevo y San Blas.
- Patronatos de viviendas de ministerios. Gozaban de una situación ventajosa para la obtención de suelo enajenado por la Comisaría. Construyeron en los terrenos habilitados por la canalización del Manzanares el llamado barrio Manzanares, entre el río y la Casa de Campo.
- Empresas dependientes del I.N.I. para sus empleados. Así se construyó el Barrio de la carretera de Aragón, próximo al polígono de Canillejas y al de Villaverde y Ciudad Pegaso en la autopista de Barajas.
Década de los 50
El cambio de modelo económico iniciado en los cincuenta se acompañó de un nuevo empuje migratoria hacia la capital. Ello tuvo importantes repercusiones en el espacio urbano, e hizo necesario recobrar buena parte de las concepciones urbanisticas recogidas en el plan Zuazo-Jansen y del plan regional de Besteiro. Estos fueron los presupuestos de los que partio Pedro Bigador para la elaboración del plan regional de ordenación de Madrid realizado en 1941. La idea del "Gran Madrid" empezó a tomar cuerpo en 1950 cuando se agregaron a la ciudad municipios como Aravaca, Barajas, Canillas, los Carabancheles, Hortaleza, Vallecas, Vicálvaro… Se consolidaba la segregación espacial de Madrid que ya venía de decenios anteriores. Entre 1956-1960 se acentuó claramente la división norte-sur de la ciudad que encontró proyección en el área metropolitana.
Pronto se observó que el plan Bigador no era viable para regular el crecimiento urbano de la ciudad. Confluyeron para ello varios factores, entre los que destacaron la especulación del suelo y las carencias infraestructurales. Así comenzó un crecimiento urbano que desbordó las previsiones iniciales. En 1956 existían en Madrid y su entorno más de 50.000 chabolas, sin contar con los problemas de infravivienda, hacinamiento y realquiler que generaron zonas de deterioro urbano de dificil solución, ejemplo de esa sutuación fueron los poblados dirigidos y de absorción creados a partir de 1954.
El chabolismo se extendió por todo el cinturón de Madrid, los antiguos suburbios madrileños exteriores al paseo de Ronda, Tetuán, Prosperidad, Guindalera, Vallecas, etc., que disponían de una red de vías, alcantarillado, suministro de agua (no siempre hasta las viviendas), vieron surgir en cualquier calle nuevos edificios en altura, con la única exigencia de que guardasen las alineaciones convenidas. No existía planeamiento parcial alguno que orientase el crecimiento. El Estado reaccionó de dos formas: con nueva legislación y con promoción o protección de viviendas.
La primera legislación legal reguladora de las Viviendas de tipo social, se promulgó en 1954. La definición de este tipo de viviendas se limitó a dar superficie máxima y su coste: 42 m2 y 25.000 pesetas. Se encomendaba al I.N.V. su relación y ubicación, fijando el número de 100.000 viviendas anuales. En 1956 se mantenía el número total de viviendas, al mismo tiempo que se actualizaba la superficie y los precios de las mismas.
Los beneficios eran directos o indirectos. Los indirectos eran similares a los ya mencionados de viviendas protegidas; en cuanto a los directos superaban a los de épocas anteriores, pues se concedían anticipos de hasta un 80% del coste sin interés y amortizable en 50 años. El 20% restante lo pagaba el constructor o el propio beneficiario. La calificación la otorgaba el I.N.V., siendo la duración del régimen de 20 años a contar a partir de la misma. No se precisaba ningún requisito especial para ser beneficiario. Las entidades promotoras eran entidades sin afán de lucro en la construcción de viviendas, como Ayuntamientos, organizaciones del Movimiento, sociedades benéficas, empresas para sus trabajadores, etc., y se daba preferencia a los tramitados por la Obra Sindical del Hogar.
Las Viviendas de Renta Reducida y Mínima surgieron en 1954 y se encomendaba con carácter exclusivo su construcción a la Obra Sindical del Hogar en colaboración con el I.N.V. en número de 20.000 anuales. El precio neto de la vivienda, excluyendo urbanización, servicios y terreno, oscilaba entre 100.000 y 74.000 pesetas. Los beneficiarios tenían que estar encuadrados en la Organización Sindical. Los indirectos eran iguales que en los de tipo social, así como la duración del régimen. Con este motivo se crearon los Patronatos Sindicales de la Vivienda en 1954, con un órgano central y patronatos provinciales y locales.
El gran paso de la política de la vivienda se produjo en 1954, año en el que nacieron las Viviendas de Renta Limitada. Se estableció una clasificación de viviendas sociales, y sobre todo se pretendió unificar la legislación existente, cancelando los regímenes existentes hasta entonces de viviendas protegidas y bonificables. También se facilitó la participación de la iniciativa privada en la construcción de este tipo de viviendas. El Estado promovía a través del I.N.V. y el Consejo Nacional de la Vivienda, creado en ese momento dentro del Ministerio de Trabajo. En 1955 se aprobó el Reglamento. Las Viviendas de Renta Limitada se definían como las que estando incluidas en los Planes Generales formulados al efecto se construyesen con arreglo al proyecto o anteproyecto aprobado por el I.N.V. por reunir condiciones que se señalasen en el Reglamento o en las ordenanzas que se dictasen para ello.
No se exigían requisitos especiales para poder ocupar o poseer una vivienda de renta limitada aunque existían limitaciones en cuanto al uso y destino. Los promotores se clasificaban en los que tenían afán de lucro de los que no lo tenían. Estos últimos podían ser, además de los organismos públicos, las sociedades privadas que tuviesen como móvil dar vivienda a sus asociados o a determinados estamentos o clases sociales sin medios suficientes para entrar en el mercado libre de la vivienda. Concretamente eran: Corporaciones Locales, Organización Sindical, Ministerios y organismos oficiales, Instituto Social de la Marina, cooperativas, entidades benéficas, Cajas de Ahorro, empresas industriales, agrícolas o comerciales con destino a su personal, diócesis y parroquias o cualesquiera otros que pudiesen ser considerados como tales.
Las viviendas tenían una clasificación provisional para la aprobación del proyecto y una definitiva a la terminación de la obra. El régimen duraba 20 años a partir de ésta última. En cuanto al destino se contemplaba la posibilidad de que pudiesen ser cedidas gratuitamente en alquiler o venderse al contado.
En este momento se crearon los Consejos Provinciales y Locales del Instituto Nacional de la Vivienda, que serían modificados al crearse en 1957 el Ministerio de la Vivienda. Ese mismo año dentro del régimen de Viviendas de Renta Limitada, se crearon las Viviendas Subvencionadas. Estas viviendas tuvieron además de los beneficios de exenciones tributarias que se determinasen y la preferencia de materiales y expropiaciones de terreno, el derecho a percibir una subvención a fondo perdido, y su renta se fijaba en función de la superficie útil que se adaptaba cada año a las variaciones del costo de vida mediante Decreto del Consejo de Ministros, que aplicaba de modo automático el índice fijado por la Dirección General de Estadística. Las viviendas subvencionadas podían ser de uso propio, en alquiler y venta. Para fijar el precio de las dos últimas modalidades se utilizaba un módulo aplicado a la superficie de cada vivienda.
El Gobierno autorizó al I.N.V. en 1955 la realización del II Plan Nacional de Vivienda. Se daba preferencia a la construcción de viviendas en las provincias con desarrollo industrial o minero español, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Oviedo, Zaragoza, Campo de Gibraltar y Málaga. Los organismo que debían colaborar con el I.N.V.: Obra Sindical del Hogar, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Industria, Instituto Social de la Marina, Patronatos Militares, Dirección General de la Guardia Civil y Renfe. Los resultados, como en el I Plan Nacional de la Vivienda fueron muy diferentes de los propuestos pues sólo se construyeron la mitad de las viviendas programadas.
Ante tal abundancia de legislación, programación y organismos, el Estado centralizó su política de vivienda, creando un nuevo Ministerio en 1957. Por otra parte, la legislación urbanística exigía un departamento que controlara su aplicación. Por tanto, el I.N.V. pasó del Ministerio de Trabajo al nuevo Ministerio así como las Direcciones Generales de Arquitectura y Urbanismo y Regiones Devastadas del Ministerio de la Gobernación. También pasaron a depender del Ministerio de la Vivienda, el Consejo Nacional de Urbanismo y el de Arquitectura. Se desarrolló el Reglamento Orgánico Provisional del Ministerio de la Vivienda como autoridad suprema del departamento, una subsecretaría, de la que dependían los servicios de Oficialía Mayor, Personal, Intervención General del Estado, Oficina de Contabilidad y Servicio Técnico de Información y Consulta; las Direcciones Generales de Vivienda, de Urbanismo y de Economía y Técnica de la Construcción, así como la Secretaría General Técnica. Se crearon las Delegaciones Provinciales del Ministerio de la Vivienda en toda España. En 1959 se aprobó el Reglamento Orgánico definitivo, que fue modificado parcialmente en años sucesivos. Ese mismo año se creo la Gerencia de Urbanización como organismo autónomo dependiente de la Dirección General del Urbanismo. La Gerencia se encargaba de adquirir suelo, generalmente mediante el sistema de expropiación, urbanizarlo según un Plan Parcial y cederlo al I.N.V. para la construcción de viviendas de protección oficial o industrias. Fue gracias a los beneficios de estas transmisiones como pudo la Gerencia ir aumentando sus actuaciones.
En 1957 se aprobó el Plan de Urgencia Social de Madrid; según palabras del propio ministro de la Vivienda, José Luis Arrese, "se trata de enfrentarse con el problema de la vivienda en Madrid, para resolver no la parte normal de un crecimiento ordinario, sino aquella otra que a lo largo de unos años se ha ido acumulando sobre nuestra capital, y que hoy entre chabolas, realquilados y casas ruinosas, suman la gravísima cifra de 60.000 viviendas". El déficit pues, estaba calculado en esta cifra y se dio como plazo dos años para eliminarlo.
Las grandes orientaciones del Ministerio de la Vivienda fueron: primero, conseguir la máxima participación de la iniciativa privada, descargando al Estado de gran parte de sus energías en este campo; segundo, ordenar la construcción urbana de Madrid, ajustándose a la capacidad de ahorro, materiales, mano de obra, y suelo existente, para un mejor aprovechamiento de este esfuerzo; y tercero, conseguir, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital y demás organismos (Comisaría de Urbanismo, Canal de Isabel II, Delegación de Industria, Organización Sindical, Canalización del Manzanares, Etc.), la limitación y descentralización de Madrid para impedir la inmigración y desarrollo anormal del suburbio, creando una zona verde de protección perimetral y encaminar a la nueva industria hacia un sistema de dispersión en ciudades satélites.
El Plan de Urgencias Social iba acompañado de medidas restrictivas del fenómeno suburbano limitando la inmigración y vigilando los asentamientos clandestinos. Dentro de las medidas arbitradas en el plan estaba la promoción de los Poblados Dirigidos que surgieron en 1957.
Se creo una entidad promotora de carácter mixto de derecho privado bajo la tutela del I.N.V., que se llamó Organización de los Poblados Dirigidos, donde colaboraban los beneficiarios y el I.N.V. junto con la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores, ambos integrados dentro de la estructura del Ministerio de la Vivienda. La Administración aportaba los terrenos urbanizados, el proyecto, dirección técnica, suministro de materiales, y la gestión de los anticipos sin interés y bonificaciones tributarias. A cargo del beneficiario corrían el pago de los terrenos, honorarios de proyecto y una pequeña parte de los materiales de construcción y mano de obra. Pero con respecto a esta última había una fórmula, que resultó eficaz, consistente en que si lo beneficiarios aportaban su trabajo personal, únicamente pagaban los terrenos y gastos generales y recibían un premio de 10.000 pesetas. De esta forma se trataba de atajar dos problemas al mismo tiempo: el paro de los inmigrantes y de los obreros de la construcción en general, y la escasez de viviendas. Para reducir el coste de las viviendas se enajenaban los locales comerciales por subasta. Las organizaciones de Poblados Dirigidos se extinguían una vez cumplidos sus objetivos.
Finalmente se crearon los Poblados Mínimos de Absorción. Se concibieron estas viviendas para los afectados sin medios económicos de los Planes de Ordenación Urbana que estaba llevando a cabo la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid y su Alrededores. Por tanto, se encargó a esta última que promoviese viviendas con esta finalidad y se concibió al I.N.V. los beneficios que preveían en la legislación de Poblados Dirigidos. En un decreto posterior se trasladó la primera competencia al I.N.V., quedando encargada la Comisaría de preparar suelo urbano. Estas eran viviendas que se suponían temporales para su población, de dimensiones, como su nombre indica, mínimas y los barrios carecían de servicios comunitarios más elementales.
POBLADOS DIRIGIDOS: NÚMERO DE VIVIENDAS
Poblados
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
Total
Almendrales
Canillas
Caño Roto
Entrevías
Fuencarral
Manoteras
Orcasitas
San Cristobal
San Blas
Gran San Blas
Virgen Begoña
Elipa
Total
-
948
652
456
408
-
-
948
1.160
-
870
1.220
6.662
601
66
331
456
817
114
-
1.150
640
41
50
230
6.273
240
178
362
-
-
90
2.371
138
20
194
-
50
3.643
272
232
120
-
614
-
593
336
-
124
-
-
2.291
-
-
-
-
-
-
-
296
-
-
144
440
-
-
-
-
-
-
-
140
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
346
-
-
-
504
850
-
-
-
-
-
-
-
312
-
-
-
118
430
1.113
1.424
1.469
912
1.839
1.204
2.964
4.066
1.820
736
920
2.266
20.729
También se promovieron viviendas de categoría superior. Los organismos oficiales encargados eran el I.N.V. y O.S.H., aunque este último actuaba de dos formas, como entidad constructiva de la primera y con sus respectivos programas. El I.N.V. promovió viviendas para funcionarios en el barrio de Manzanares y Cuartel de la Montaña (junto al barrio del mismo nombre en tiempo de la República). Se aprecia fácilmente que no sólo las viviendas son de más calidad, sino que el diseño está más cuidado. En menor medida construyó algunos sectores del barrio de San Blas. La O.S.H. puso en marcha el Plan Sindical de la Vivienda Francisco Franco, a partir de 1954 hasta 1960, dividido en cuatro programas.
Las zonas donde actuó la O.S.H. están en la Elipa, en la calle García Noblejas, prolongación de Arturo Soria, pasando por la calle Alcalá y al otro lado del Manzanares. En la última construyó los barrios de Juan Torrero Zofio (en la salida hacia Toledo) y San Fermín en Villaverde, junto con un antiguo barrio de hotelitos llamado Colonia Popular madrileña, reconstruida a partir de 1945 por el I.N.V. En el barrio de la Elipa construyó un nuevo núcleo junto al poblado de Absorción del mismo nombre. Por fin, en unos terrenos en los cuales se había pensado ya en el Plan de 1946 para construir un núcleo-satélite, se construyeron a lo largo de varias etapas 7.485 viviendas, formando un gran barrio que recibe el nombre de Gran San Blas.
Miles pesetas totales
Número viviendas
Superficie construida
Costo medio vivienda
metros cuadrados por vivienda
Plan antiguo
Primer programa 1954-55
Segundo programa 1956-57
Tercer programa 1958-59
Cuarto programa 1959-60
Total
354.311
394.295
991.675
753.614
137.261
2.631.156
4.065
8.930
10.044
7.589
1.531
32.157
263.900
399.726
622.728
423.785
88.050
1.798.189
87.161
44.154
98.733
99.330
89.654
83.806
65
45
62
56
58
57,2
Junto al barrio de San Blas se construyeron dos poblados de Absorción Dirigidos, con 2556 viviendas y el barrio de Simancas, de iniciativa privada, con 2174 viviendas. El conjunto formó el núcleo de San Blas, que en total sumaban 19.925 viviendas, ocupando una superficie total de 846.281 m2. Las viviendas de San Blas estaban protegidas por los siguientes tipos de promoción legal: viviendas de renta mínima, de renta reducida, de tipo social y de renta limitada. El sistema de financiación para las viviendas construidas consistía en que el I.N.V. aportaba del 40 al 80% del valor de la vivienda sin interés, y el 45 ó 50% de préstamos al 4% anual. En las viviendas de renta mínima concedía además un 6% de préstamo personal. La cuota de entrada estaba entre un 5 y un 20% del valor de la vivienda. Las rentas para las viviendas protegidas eran de 98 a 410 pesetas, para las de cuota limitada de 325 a 800 pesetas y para las de tipo social inferior a 300 pesetas. Las viviendas en proyecto iban acompañadas de servicios comunitarios suficientes para hacer un suelo urbano autosuficiente.
La realidad era muy distinta. Los servicios comunitarios construidos no eran más que una pequeña parte de los proyectados, las zonas verdes no se respetaron en el caso de que existieran y las viviendas, además de su pequeña superficie, eran de calidad tan ínfima que quince años después tenían graves problemas de grietas, y en la actualidad la mayoría se han remodelado o derribado en la década de los 80.
A partir de la segunda parte de la década, la Comisaría sólo actuó como urbanizadora y cedía los terrenos a otros organismos o a la iniciativa privada, mediante subasta, para que promoviesen la construcción. Igual actuaba el Ayuntamiento que en 1956, tenía que dedicar una parte de su presupuesto a la adquisición y preparación del suelo.
En 1958 se aprobaron los polígonos de Santamarca, Francos Rodríguez, el poblado de Carabanchel y la Chimenea (Usera). En los dos primeros, que, por su situación privilegiada al Norte de Madrid, fueron demandados por la iniciativa privada, se daba prioridad a ésta una vez que los terrenos habían sido expropiados, estipulando la cesión gratuita de las vías públicas y los espacios libres ajardinados y el pago de un canon de urbanización por m2 edificado. En el caso del poblado C de Carabanchel se enajenaron parcelas a cooperativas y en el de la Chimenea a la iniciativa oficial.
El Patronato Municipal de Viviendas actuaba dentro del régimen de viviendas protegidas, pero también en su modalidad más modesta, mediante la promoción de viviendas de renta limitada de 3ª categoría. Se localizaron en el Puente de Vallecas nueve colonias con un total de 3028 viviendas. Coetáneas de éstas fueron la colonia Girón en el Alto de Extremadura y la de Nuestra Señora de las Victorias en Tetuán.
La iniciativa privada surgió con un nuevo impulso en este momento por dos razones. Una fue consecuencia de la actividad de la Comisaría en la preparación y enajenación del suelo como Almendrales, prolongación de la Avenida del Generalísimo y Quintana. Otra la aparición de la Ley del Suelo que permitía construir mediante la figura del Plan Parcial.
El mayor número de viviendas se construyó por esta segunda razón, pues los grandes promotores -Urbis y Banús- pusieron en marcha los proyectos de Moratalaz y barrio del Pilar. En Moratalaz se entregaron antes de que terminase la década 5.000 viviendas y en el Pilar otro tanto.
Igual ocurrió con el Parque de las Avenidas, 5000 viviendas, y Pinar del Rey, de la Inmobiliaria Hortaleza, 5500 viviendas; ambas para clase media. Batán, San Ignacio de Loyola, el Mirador de la Casa de Campo, para la clase media baja, y la colonia Bilbao y la Ciudad de los Angeles, para la clase obrera.
Las pequeñas promociones de iniciativa privada se localizaron cerca de los ejes de circulación rápida. Las grandes promociones como Moratalaz y el Pilar se situaron en lugares con malos accesos, donde los terrenos eran más baratos, pero consiguieron, gracias a la presión de numerosos usuarios, que el Ayuntamiento abriese nuevas vías y llevase transporte público. Esto hizo que los terrenos se revalorizasen y que las viviendas de las siguientes etapas fuesen de precios más elevados.
En el período 1939-1961 se puede resumir la actividad oficial en sus dos vertientes: preparación del suelo y protección a la vivienda. En cuanto a la primera, el organismo encargado era la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y sus Alrededores. Actuaba habilitando el suelo directamente o supervisando la iniciativa privada y la de otros organismos oficiales. En total, la superficie urbanizada fue de 10.465 HAS. Se desarrollaron en planes parciales, 578 en poblados y 424 en zonas verdes. En cuanto a la segunda actividad se detallan en el siguiente cuadro:
Régimen de protección
Viviendas en construcción
%
Viviendas terminadas
%
Protegidas
Renta Limitada grupo I
Renta Limitada grupo II
Renta Limitada subvencionada
Bonificables
Total
5.237
17.511
29.065
47.062
-
98.855
5.3
17.7
29.4
47.6
-
100
32.032
16.805
26.225
21.148
60.489
156.701
20.5
10.7
16.7
13.5
38.6
100
A pesar de la ley del suelo de 1956 los precios del suelo se elevaron desorbitadamente, fruto de la especulación desatada, dejando en manos de la iniciativa privada el desarrollo urbano de Madrid. Con ello se formaron varios Madrid en función de la zona geográfica y la calidad de las viviendas. Viviendas de lujo en el norte. Otras de calidad constructura y urbanística aceptable para las clases medias, como el barrio de la Concepción, en el noreste. Además, surgió una nueva periferia, en la confluyeron las barriadas estatales, las edificaciones privadas para las clases trabajadoras, las unidades de absorción, o las aglomeraciones de chabolas con importantísimas carencias infraestructurales, fueron entre otras las zonas del Pozo del Tío Raimundo, Palomeras, la Alegría, o la Celsa. Los enormes déficits de estas barriadas obreras sentaron las bases del posterior auge de las asociaciones de vecinos y su marcado carácter reivindicativo creció de manera significativa en los años finales de la dictadura franquista y en los inicios de la transición democrática, dando lugar a una fuerte movilización social en las que se demandaban mejoras en la calida de vida y en las condiciones de habitabilidad de los barrios que encontraron respuesta en las operaciones urbanísticas que los ayuntamientos democráticos y la Comunidad Autónoma de Madrid pusieron en marcha en los años ochenta.
A modo de balance
Una vez expuesta la política de vivienda durante el franquismo puede parecer que el estado tenía una especial preocupación por resolver el problema de la masiva afluencia de emigrantes y la consiguiente escasez de viviendas derivada de esa situación. Es cierto que existía una lógica preocupación por encontrar el modo de colocar todo ese flujo migratorio dentro de la ciudad, pero además debemos de tomar en consideración los criterios tenidos para sollucionar este problema.
Los criterios aplicados por el Ministerio de Vivienda no tuvieron en cuenta los problemas que se derivaban de su planes de vivienda, como por ejemplo, la segregación social, hacinamiento, chabolismo, bolsas de pobreza y masificación concentrada en la periféria de la ciudad.
El Estado franquista trató de resolver el problema de la vivienda en Madrid mediante el concurso de la iniciativa privada, propiciando la generación de importantes plusvalías para los promotores, dando lugar a una espiral especulativa en la que la recalificación del suelo y la construcción masiva de viviendas no fue acompañada de las imprescindibles garantías respecto de las calidades y la dotación de las imprescindibles infraestructuras de los nuevos barrios que proliferaron en la ciudad. Esto supuso la aparición de zonas marginales en la periferia de Madrid escasamente dotadas de servicios, cuando los tenían, mal comunicadas y, en muchos casos, sin ningún tipo de urbanización. Este urbanismo salvaje derivó en una escandalosa especulación del suelo que eriqueció a unos pocos afectos al régimen.
Podemos decir, que entre los decenios de los años cuarenta y sesenta se produjo un progresivo aumento en el proceso de segregación del territorio, que se proyectaría a lo largo de los años setenta, agravando el desigual comportamiento económico y demográfico de la región metropolitana madrileña, cuyos efectos todavía pueden ser percibidos a pesar de las profundas transformaciones que desde el punto de vista de la ordenación del territorio ha supuesto el resablecimiento de la democracia, con la cosntitución de los ayuntamientos democráticos, y la creación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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TERAN, F.: Planteamiento urbano en la España contemporánea, 1900-1980. Madrid, Alianza, 1982
Esta información ha sido realizada por l@s estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (España, Spain), en la asignatura Historia de Madrid en la edad contemporánea, curso 1997-1998.
Dolores Fernández Anta
Elena López Portero
María del Mar Lucas Viña
Bajo la dirección de Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor Titular de Historia Contemporánea.